Ordeno y Mando. Sobre la declaración del Estado de Alarma

Un Gobierno ha decretado, por primera vez en la historia de la democracia, el Estado de Alarma. Lo que antes  se estudiaba en clínica jurídica ahora es práctico y observable para los ciudadanos. Conviene aclarar, con mayor profusión que los medios de comunicación, qué es el estado de alarma.

http://www.rtve.es/contenidos/documentos/decretoestadodealarma.pdf

En primer lugar, se declara en todo o en parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad que se recogen en el artículo 4 LOEAES:

– Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud.

– Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves.

– Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 28.2 y 37.2 de la Constitución y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo.

– Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.

Como puede apreciarse, en principio la LO desprovee al estado de alarma de connotaciones políticas, por lo que no puede considerársele como una fase previa al de excepción, en cuanto sus supuestos de hecho son de naturaleza diferente, pues se trata, como dice FERNÁNDEZ SEGADO, de proteger a la sociedad frente a un conjunto de riesgos procedentes de hechos naturales o de circunstancias sociales, pero sin intencionalidad política. No obstante, esta última apreciación no puede tener un valor absoluto, como reconoce este mismo autor. El problema se plantea especialmente en el supuesto de paralización de servicios públicos esenciales pues su mantenimiento podría prevalecer sobre derechos fundamentales como el derecho a la huelga y el derecho a la adopción de medidas de conflicto colectivo. Sin embargo, como hace notar ALVAREZ CONDE, de la regulación legal se desprende que cualquier paralización de los servicios públicos esenciales para la comunidad no puede dar lugar a la declaración del estado de alarma, pues se exige asimismo la no garantía de lo dispuesto en los artículos 28.2 y 37.2, y que además concurra alguna de las otras circunstancias o situaciones establecidas en el artículo 4 LOEAES.

Competencia

La competencia para declarar el estado de alarma corresponde al Gobierno, mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto. La prórroga del estado de alarma requiere la autorización del Congreso de los Diputados que, además, podrá en tal caso establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga, sin que esté prevista ninguna limitación temporal. En todo caso, el Decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración, la duración y los efectos del estado de alarma (arts. 116.2 CE y 6 a 8 LOEAES).

Disuelto el Congreso o expirado su mandato, sus competencias serán asumidas por su Diputación Permanente (arts. 78.2 y 116.5 CE).

Efectos

Estrictamente, no es posible la suspensión de derechos constitucionales durante el estado de alarma, según el artículo 55.1 CE . Sin embargo, no está claro que las limitaciones y deberes que comporta la declaración del estado de alarma no afecten, de algún modo, al ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas. En cualquier caso, los efectos del estado de alarma son:

1) Modificación de algunas competencias (arts. 7 y 9 LOEAES)

Por la declaración del estado de alarma todas las autoridades civiles de la Administración Pública del territorio afectado por la declaración, los integrantes de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales y los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedarán bajo las órdenes directas de la autoridad competente, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o naturaleza.

A los efectos del estado de alarma, la autoridad competente es el Gobierno o, por delegación de éste, el Presidente de la Comunidad Autónoma cuando la declaración afecte exclusivamente a todo o parte del territorio de una Comunidad. Cuando la autoridad competente sea el Presidente de la Comunidad Autónoma podrá requerir la colaboración de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que actuarán bajo la dirección de sus mandos naturales.

2) Limitación de determinados derechos (arts. 11 y 12.2 LOEAES)

De acuerdo con la LOEAES (art. 11) el estado de alarma puede comprender las siguientes medidas:

– La limitación de la circulación o permanencia de personas y vehículos en horas y lugares determinados o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos.

– Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias.

– Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de los domicilios privados.

– Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad.

– Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los centros de producción afectados por situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.

Además de estas medidas el artículo 12.2 LOEAES permite adoptar otras adicionales en los supuestos de paralización de los servicios públicos esenciales y en las situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad, como la intervención de empresas o servicios y la movilización de su personal con el fin de asegurar su funcionamiento, medida esta última que la mayoría de la doctrina considera inconstitucional.

¿Está justificado el Estado de Alarma en una paralización de los aeropuertos?

A mi juicio, según la doctrina, está parcialmente justificado. Este caso llegará, sin lugar a dudas al Tribunal Constitucional, que aprovechará para fijar los límites de un Estado de Alarma, según lo que dispone la Constitución y la LOEAES. Como hemos visto, al Gobierno se le faculta “adoptar otras adicionales en los supuestos de paralización de los servicios públicos esenciales”, como la intervención de empresas o servicios y la movilización de su personal con el fin de asegurar su funcionamiento. Habrá que ver si existe una colisión entre la libertad individual. según el art- 17.1

17.1 Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley.

Y también con el artículo 28.2

Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

Aunque si bien, para el ejercicio del derecho de huelga el artículo 3 del Real Decreto-Ley 17/1977 exige la concurrencia de varios requisitos: acuerdo expreso de declarar la huelga adoptado por quien tiene facultad para ello (trabajadores a través de sus representantes o directamente por los trabajadores) preaviso al empresario y a la autoridad laboral, comunicando las reivindicaciones de la huelga, y formación de un comité de huelga. A este corresponderá garantizar los servicios necesarios para la seguridad de personas y cosas y el mantenimiento de las instalaciones y materias primas para la posterior reanudación de la actividad (artículo 6.7).  Cosa que no ha ocurrido en este caso.

Dice el Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, por el que se declara el estado de alarma para la normalización del servicio público esencial del transporte aéreo, que se les considera personal militar a los efectos de lo previsto en el artículo 10, y en consecuencia,”quedan sometidos a las órdenes directas de lasautoridades designadas en el presente real decreto, y a las leyes penales y disciplinarias militares, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.5 de la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre”.

No queda claro aquí que un funcionario público pueda estar sometido a la disciplina castrense, con lo que comporta esto de minusvalía de Derechos, puesto que ya de por sí el Código Penal agrava las penas a todos aquellos sometidos a su régimen. Incluso, se preven juicios con jueces togados militares, tal y como dice el citado cuerpo penal.

 

Así que, a mi juicio, puede estar justificado la declaración del estado de Alarma pero no lo está poner a unos funcionarios bajo el régimen estricto del Código Penal Militar.


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Acerca de ingenierosocial

“El planeador parece ser muy sabio en su propia arrogancia; a menudo está tan enamorado con la supuesta belleza de su propio plan ideal de gobierno, que no puede soportar la más mínima desviación en ninguno de sus detalles. El lo diseña completamente en todos sus detalles, sin ninguna consideración hacia los intereses o prejuicios que puedan estar en contra del mismo. Parece imaginar que puede manejar a los miembros de la sociedad con la misma facilidad con que uno coloca las diferentes piezas en un tablero de ajedrez.” Carlos es un librepensador de 24 años que no practica la soberbia.
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Una respuesta a Ordeno y Mando. Sobre la declaración del Estado de Alarma

  1. Charlotte dijo:

    Como se nota quien es el abogado aquí.

    besos 🙂

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