La sentencia del TJUE sobre el canon digital

Por Francisco José Navarro Sanchís, Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional

Este artículo está trancrito por mí, dado que no está ni lo vais a encontrar en ninguna otra edición digital y está publicado en El Derecho, de Quantor, que es el suplemento de El Economista edición papel, día de Lunes 25 de Octubre de 2010. Es la mejor aproximación jurídica que he encontrado a la reciente sentencia sobre el canon digital y contribuye a aportar luz sobre las consecuencias legales de una sentencia desfavorable al pago del canon de compensación por copia privada. Aquí va.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el denominado canon digital ha casuado notable impacto, a juzgar por la atareada actividad periodística de los tres ultimos días.

Se han vertido muchas opiniones sobre la sentencia y no todas son sensatas. En general, se pronuncian en clave exclusiva de Derecho nacional y muchas vienen lastradas por apriorismos o prejuicios idológicos que, por razones que no termino de comprender, suscitan en España, cuando se habla de propiedad intelectual, pasiones casi futbolísticas. Hay que precisar que en la Audiencia Provincial de Barcelona se sigue un recurso de apelación de Padawan, comercializadora de CD-R, CD-RW, y aparatos de MP3, a propósito del canon por copia privada.

El Juzgado de lo mercantil nº 4 de Barcelona falló a favor de la demandante SGAE, condenando a la empresa al pago del canon. La norma española aplicable es la Ley de Propiedad Intelectual, versión de la Ley 23/2006, que adapta nuestro Derecho interno a la Directiva 2001/29/CE.

Hay que recordar que la Sentencia del Tribunal de Luxemburgo está condicionada por ese debate procesal y se limita a responder a la cuestión prejudicial que la Audiencia de Barcelona le plantea. No es, pues, una un jucio universal  sobre el canon y su regulación integral en nuestro Derecho, sino en lo necesario para resolver el litigio del que proviene. Sin la comprensión de esto la lectura de la sentencia puede llevar al desenfoque o a la hipérbole.

El canon digital, por más que su conveniencia, su utilidad o su justicia se puedan discutir dogmáticamente, viene impuesto por la citada Directiva. Ésta no exige en rigor —es preciso aclarar— a los Estados miembros una regulación exhaustiva sobre la comprensación a los autores por la copia privada, pero sí define ese deber de resultado que dejando un amplio margen normativo, acota sensiblemente el caampo de acción de los países miembros.

Los puntos álgidos de la cuestión planteada versan sobre tres conceptos: el primero, la «compensación equitativa» (artículo 5.2 b) de la Directiva que el TJUE declara que debe interpretarse de manera uniforme en todos los estados miembros que hayan establecido una excepción de copia privada.

Así, la propia noción de compensación “es un concepto autónomo de Derecho de la Unión”, dice el primer punto de fallo, por lo que no puede ser soslayada en la regulación nacional de desarrollo cualquiera que sea su contenido y alcalce.

El segundo punto es el que mayor polémica ha levantado: El de «justo equilibrio» entre todos los intereses en liza: los titulares de derechos de la propiedad intelectual —en un contexto creciente de utilización de nuevas tecnologías, que facilitan la posibilidad de copias privadas—, los poderosos gestores de tales derechos, los comerciantes que distribuyen equipos, aparatos o prestan servicios y, last but no least, el consumidor o usuario final.

Este es el que terminará pagando esa compensación por vía de repercusión, es decir, como parte del precio que abona por los bienes o servicios que propicien esa copia privada, aun cuando sea potencial. La exacción del canon, cuya naturaleza jurídica es un enigma, se asemeja, de ese modo, a la técnica estructural del IVA, sólo que no parece que sea un tributo pues, si lo fuera, infringiría sus principios esenciales como los de legalidad o capacidad económica además de la anomalía de que sea gestionado por entidades privadas.

El fallo declara que es conforme a la Directiva y a su idea de «justo equilibrio» que las personas que tienen equipos, aparatos y soportes de reproducción digital y lo ponen a disposición de consumidores o o usuarios privados (los comerciantes) sean los deudores de la compensación equitativa, dada la posibilidad de repercutir la carga real de tal financiación sobre aquéllos.

No obstante, el tercer punto representa el factor de mayor trascendencia, al declarar que “la aplicación indiscrimanda del canon por copia privada, en particular en relación con equipos, aparatos, y soportes de reproducción digital que no se hayan puesto a disposición de usuarios privados y que estén manifiestamente reservados a usos distintos a la realización de copias privadas, no resulta conforme con la Directiva 2001/29”.

Con ello no sólo se restringe objetivamente la procedencia del canon en función del uso que se destinan los bienes o servicios, sino que se reduce subjetivamente, al exclurir a las empresas, Administraciones Públicas e instituciones, alzando además la sospecha de fraude general que acompaña a la regulación española, que presume sin posible prueba en ocntrario el uso a que se va a destinar el equipo o soporte de reproducción.

Será ahora la Audiencia de Barcelona la que habrá de pronunciarse, a la vista de los conceptos precisados en la sentencia del TJUE sobre la deuda reclamada por la SGAE, su cuantía y los conceptos que la integran, valorando qué parte de esa deuda procede de usos distintos a la obtención de copias privadas .

Tras ese proceso, pueden venir centeras de reclamaciones más para obtener la devolución del canon digital indebidamnete pagado amparadas en la infracción del Derecho comuntario de la ley española que lo regula.

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Acerca de ingenierosocial

“El planeador parece ser muy sabio en su propia arrogancia; a menudo está tan enamorado con la supuesta belleza de su propio plan ideal de gobierno, que no puede soportar la más mínima desviación en ninguno de sus detalles. El lo diseña completamente en todos sus detalles, sin ninguna consideración hacia los intereses o prejuicios que puedan estar en contra del mismo. Parece imaginar que puede manejar a los miembros de la sociedad con la misma facilidad con que uno coloca las diferentes piezas en un tablero de ajedrez.” Carlos es un librepensador de 24 años que no practica la soberbia.
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