LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA FISCAL DE GASTOS MILITARES

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¿Qué es la objeción de conciencia fiscal?

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En términos generales la objeción de conciencia fiscal es la negativa al pago de aquella parte de los tributos debidos al Estado o a otras organizaciones de derecho público que va a ser destinada a financiar actividades contrarias a la conciencia de determinados contribuyentes. De este modo, la objeción fiscal constituye un acto a través del cual el ciudadano se intenta desvincular de la financiación de gastos públicos contrarios a su conciencia.

Hay que distinguir dos momentos distintos en el tratamiento de la objeción de conciencia fiscal. Un primer momento, que podría denominarse político, hace referencia a las reivindicaciones de determinados sectores sociales que piden modificaciones normativas en orden a una contribución al gasto público que evite la financiación de determinados gastos, como pueden ser los gastos militares y de defensa. La objeción fiscal así considerada se convierte en un instrumento al servicio de otros fines (un cambio normativo), y en cierta medida constituye un acto de desobediencia civil. El segundo momento hace referencia al choque entre la conciencia individual y la norma, resistiéndose la primera a someterse a la segunda, en virtud de un mandato de rango superior al que la norma jurídica representa (Palomino).

Es este segundo aspecto el que realmente interesa, planteándose si el ordenamiento jurídico puede proteger estas conductas omisivas, e incluso antijurídicas como veremos, en virtud de la libertad de conciencia.

Para el contribuyente objetor se produce un conflicto entre el deber de cooperar al sostenimientos de los gastos públicos y su libertad de conciencia, habida cuenta del destino que él entiende se da a sus ingresos tributarios o a parte de los mismos. En realidad el choque directo se produce entre el destino de dichos ingresos y la conciencia del individuo, no entre ésta y el deber legal de pagar tributos, si bien el contribuyente encuentra en el incumplimiento de ese deber, tal y como viene establecido por ley, una solución indirecta para salvaguardar las exigencias de la propia conciencia, ya que la objeción directa al gasto público es técnicamente imposible pues las decisiones sobre el mismo están reservadas al Estado. En el fondo late un conflicto entre el principio de soberanía parlamentaria en la determinación del gasto público y la pretensión del contribuyente de destinar una parte de su cuota impositiva a un fin acorde con su conciencia.

Dado que la razón de la objeción no es en sí al acto de pagar impuestos, sino al fin a que van dirigidos parte de los mismos, en la mayoría de los casos los objetores fiscales lo que dejan de ingresar en las arcas públicas lo destinan a otros fines compatibles con su conciencia, como organizaciones pacifistas, asistenciales, caritativas, etc., lo cual ponen en conocimiento del organismo correspondiente. En teoría, por tanto, no estamos ante un fraude fiscal del objetor en sentido estricto, éste efectúa el pago de la cantidad a ingresar conforme a las normas tributarias, aunque parte del mismo no lo realiza a favor del Estado, sino a favor de organizaciones distintas. En la práctica, sin embargo, si asimilamos estos comportamientos a la posibilidad legal de deducciones por donativos a organizaciones de interés social no se puede llegar, como veremos, a la misma conclusión.

La mayoría de los casos de objeción de conciencia fiscal se refieren a los gastos militares o de defensa.

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Historia de la objeción de conciencia fiscal

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Ya a finales del siglo XII el obispo de Lincoln, basándose más en motivos políticos que en religiosos, se negó a contribuir a las arcas de guerra del rey Ricardo para financiar guerras con el extranjero, pues consideraba que no se debía obligar a financiar una guerra “más allá de los mares”, aunque no se negaba a financiar los gastos militares dentro de los límites de Inglaterra.

Pero va a ser a partir del siglo XVII cuando realmente aparezca al fenómeno de la objeción de conciencia fiscal por gastos militares promovido sobre todo desde Iglesias pacifistas minoritarias como los mennonitas y los cuáqueros (Sociedad de Amigos), los cuales rechazan la guerra y toda colaboración directa o indirecta con ella.

Acercándonos al presente, junto a las Iglesias históricamente pacifistas otras, como la Iglesia de los brethren (bautistas alemanes), abogan por la objeción fiscal a gastos militares, bien recomendando como moralmente recta la objeción fiscal, bien dejando al juicio de la conciencia del individuo la conveniencia de pagar o no impuestos en la medida que con ellos se sufraga una política belicista. No obstante, junto a motivos religiosos encontramos cada vez más motivos pacifistas de base secular en los que se basa la objeción fiscal.

En Estados Unidos quizá el período de mayor esplendor de este fenómeno fue durante la guerra del Vietnam (unos quinientos mil objetores no pagaron los impuestos federales telefónicos que se debía satisfacer al Departamento de Defensa y unos veinte mil aproximadamente otras clases de impuestos).

En Europa la objeción de conciencia fiscal no va a aparecer prácticamente hasta la segunda mitad del siglo pasado. Durante los años ochenta en la mayoría de los países democráticos los movimientos pacifistas comienzan a organizar campañas en su favor, proponiendo destinos más útiles para las cantidades que de la cuota del impuesto se estimaba iban a ir destinadas a gastos de defensa.

En España va a surgir en 1983 y a ello contribuyó la oposición de algunos grupos a la integración de nuestro país en la OTAN, así como la aprobación de la Ley de dotaciones presupuestarias para las inversiones y el sostenimiento de las fuerzas armadas.

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¿Qué buscan los objetores fiscales?

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Generalmente el tributo sobre el que opera esta objeción de conciencia fiscal es el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), y la forma más común consiste bien en detraer de la cuota líquida a pagar por dicho impuesto el porcentaje que del presupuesto total del Estado se va a destinar cada año a gastos de defensa o militares (objeción fiscal porcentual), o bien deducir de la cuota líquida una cantidad fija independientemente del resultado de su declaración (objeción fiscal fija).

Para los objetores fiscales no tiene sentido que tengan derecho a no realizar el servicio militar por motivos de conciencia y que en cambio estén obligados a financiar los gastos militares. De esta forma, a juicio de los objetores, si la libertad de conciencia o la religiosa justifica el incumplimiento del deber de prestar el servicio militar, de igual forma deberían justificar el impago de impuestos que se emplean para la preparación de un conflicto bélico, sea real o potencial.

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Análisis jurídico

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Sin embargo, existen diferencias de este tipo de objeción con respecto a la objeción al servicio militar que han hecho dudar a la doctrina sobre su posible consideración como verdadera objeción de conciencia, y que están justificando en algunos casos su falta de protección jurídica. En primer lugar, la remota relación entre el juicio de conciencia y la norma que se incumple, en cuanto el enfrentamiento, como se ha señalado anteriormente, no es entre la norma impositiva y la conciencia, sino entre ésta y el destino que se da al impuesto (Llamazares). En segundo lugar, la obligación contraria a la conciencia no es de carácter personal como el servicio militar, sino que se trata de una prestación real, de dar no de hacer (Prieto). En tercer lugar, la inexistencia de una relación real entre el hecho de pagar impuestos y la actividad militar (Olmos Ortega, Puchades Navarro), junto a la dudosa eficacia para alcanzar los objetivos pretendidos por el objetor, pues por el impago de parte de sus impuestos no disminuirá la cantidad que de los presupuestos generales del Estado se destinará a gastos de defensa (Venditti). A todo ello se ha añadido que la presencia de numerosos grupos pacifistas detrás de estas clases de actitudes parece denotar externamente una mayor proximidad a la desobediencia civil (Prieto), siendo ésta calificación o la de “protesta o contestación fiscal” la que suelen dar los Estados a dichos comportamientos en un intento de evitar su equiparación a la objeción de conciencia al servicio militar.

No obstante lo anterior, lo que realmente hay que tener en cuenta en estas actuaciones es si efectivamente se originan por un conflicto con la libertad de conciencia del objetor, ya que en esta materia no puede prescindirse del juicio de conciencia del objetor (Navarro Valls, Martínez Torrón). La objeción de conciencia puede basarse en principios políticos, pero las connotaciones políticas que puedan darse en estas manifestaciones no tienen porqué desvirtuar la integridad moral del objetor. Tampoco tiene porqué hacerlo la remota relación que se da entre la conciencia y la norma que se incumple, el objetor no puede actuar de otra forma para no contrariar su conciencia, aunque este tipo de relación nos deba llevar a hablar más bien de una objeción de conciencia indirecta.

Por otra parte, aunque no estemos ante una prestación personal como el servicio militar, en la gran mayoría de los casos el juicio de conciencia establece un paralelismo entre la cooperación directa y la cooperación indirecta a la defensa armada, que lleva a identificar también a esta última como auténtico mal moral (Navarro Valls, Martínez Torrón). Desde el punto de vista moral no existe diferencia alguna entre ir directamente a la guerra y pagar para hacer posible que otros vayan. Para el objetor, en orden a la cooperación con la guerra, es prácticamente lo mismo prepararse para ella y llevar las armas (colaboración directa) que contribuir financieramente a que otros se preparen y las lleven (colaboración indirecta).

Una vez comprobada la sinceridad de los imperativos de conciencia del individuo, la protección jurídica de estos comportamientos dependerá de la existencia o no de otros bienes jurídicos en conflicto que deban recibir un tratamiento preferente (Martínez Torrón), es decir, si se dan o no razones de orden público que limiten el concreto ejercicio de la libertad de conciencia.

Aunque la mayoría de los casos de objeción fiscal se refieren a los gastos militares, también otro tipo de gastos públicos están motivando esta modalidad de objeción en distintos países. Tal es el caso de los gastos destinados a sufragar los costes de las prácticas abortivas en los centros públicos o la pena de muerte. La oposición a estos actos da lugar a que el contribuyente se niegue al pago de la cuota del impuesto que según sus cálculos se destina a financiar su práctica.

Ya se ha dicho que normalmente el objetor opera sobre el IRPF, pero también pudiera hacerlo sobre otro impuesto. Por otra parte, se podría considerar como objeción fiscal la negativa por motivos de conciencia al pago de tributos que en países con sistema de iglesias de Estado se exigen para atender la financiación de la iglesia oficial. Esta contribución puede dar lugar a un conflicto de conciencia en los individuos que no perteneciendo a dichas iglesias están obligadas al pago del tributo, como ocurre en algunos municipios suecos.

Aunque no totalmente equiparables a la objeción fiscal guardan con ella cierta similitud los supuestos de objeción a la aseguración obligatoria o al pago de cuotas sindicales. La primera de estas objeciones la suelen ejercer los miembros de determinas confesiones religiosas (Dutch Reformed Church en Holanda; Chistian Sciencie y Amish en EEUU), pues entienden que ciertos textos bíblicos prohíben esas prácticas al establecer que los cristianos deben atender por sí mismos a las necesidades de ancianos y necesitados y no un organismo estatal. Por lo que se refiere a la objeción al pago de cuotas sindicales, procede principalmente de la Iglesia Adventistas del Séptimo Día que prohíbe la afiliación o contribución de sus miembros a organizaciones sindicales al considerarlas contrarias al mandato evangélico del amor al prójimo ya que promueven huelgas, piquetes, etc.

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¿Cuál es la situación actual?

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GASTOS MILITARES – OBJECCIÓN DE CONCIENCIA FISCAL

En ninguno de los países donde se viene planteando la objeción fiscal a gastos militares o de defensa, -siendo EEUU e Italia donde quizás ha alcanzado mayor amplitud-, se admite este tipo de objeción en el ámbito legislativo.

Además de los países mencionados, en otros como Alemania, Bélgica, Holanda, el Reino Unido, Australia y Canadá, en los cuales se reconoce la objeción al servicio militar, se ha intentado legalizar la objeción fiscal a través de la presentación de proyectos de ley por parte de representantes parlamentarios, sin que ninguno de ellos haya prosperado.

Por lo general en todas estas propuestas se ataca la obsesión de los dirigentes políticos por mantener el modelo de defensa vigente, el cual tiene un alto porcentaje de participación en los presupuestos generales de cada Estado, presentándose la objeción fiscal como un paso más hacia el ejercicio del derecho del individuo a la no colaboración con la defensa armada. Los cauces legales que prevén, a través de los cuales el contribuyente objetor ejercería su opción, conllevan además de las correspondientes leyes de objeción, una reforma de la normativa de los impuestos a través de los cuales se plasma su ejercicio, así como de las leyes presupuestarias y tributarias. Por último, en todos los proyectos es común la mención del destino de los recursos monetarios procedentes del ejercicio de la objeción fiscal.

Por lo que se refiere a la jurisprudencia, ésta ha sido prácticamente unánime en el sentido de no admitir las pretensiones de los objetores fiscales.

En el ámbito jurisprudencial estadounidense se han dado dos formas de objeción fiscal: una se refiere al método de recaudación, oponiéndose los objetores a la forma de retención en el salario por parte de sus empresarios, por entender que impide la manifestación abierta de sus convicciones antibelicistas; en la segunda modalidad la oposición se refiere directamente a los tributos en la medida que parte de los mismos se dirige a financiar gastos militares, solicitándose la deducción proporcional a la cantidad que en los presupuestos federales se destina a tales gastos.

Los tribunales estadounidenses en ningún caso han admitido la objeción fiscal. En ciertas ocasiones han negado la legitimación de los recurrentes para presentar las demandas y al entrar en el fondo de la cuestión han concluido que la ley impositiva no vulneran la libertad religiosa del contribuyente, pues en materia religiosa es una ley neutral (“Corte de Apelación Federal”, caso Everson v. Board of Education 1947;“Corte de Apelación Federal”, caso First v. Commissionner of Internal Revenue 1976, en el que se solicita una deducción de los impuestos satisfechos, en virtud de la oposición moral, ética y religiosa del demandante a la participación indirecta en cualquier guerra y, en concreto, en la financiación del conflicto de Vietnam). En otros casos se ha señalado que el mantenimiento y la viabilidad del sistema fiscal son de tal importancia para el Estado que justifica un incidental gravamen en la libertad individual (“Corte de Apelación Federal”, caso Collett v. United State 1985, en el que un matrimonio pretende que de le reconozca su derecho a la objeción fiscal y se declare la inconstitucionalidad de la norma conforme a la cual se le impuso una multa por disminuir en su declaración de impuestos el equivalente a los gastos militares previstos en el presupuesto federal). También se han denegado las pretensiones de los objetores ratificando el principio de que corresponde al Congreso la determinación de los gastos e ingresos federales y no al contribuyente (“Corte de Apelación Federal”, caso Lull v. Commissionner of Internal Revenue 1979, en el que se pretende el reconocimiento del derecho a deducción en el pago del impuesto de la renta, ofreciendo la posibilidad de pagar un impuesto alternativo a alguna entidad de beneficencia; caso Susan Jo Russell, 60 T.C. 942, 1973).

En este último sentido se pronunció la Corte Constitucional italiana, en sentencia nº 65 de 16 de febrero de 1993, no reconociendo el derecho a la objeción de conciencia fiscal a los gastos de defensa solicitado. Para el Alto Tribunal el principal obstáculo se encuentra en los principios generales presupuestarios, que determinan que corresponde al Parlamento y no a los ciudadanos decidir los criterios de repartición del gasto público. En otras ocasiones la Corte Constitucional ha declarado manifiestamente inadmisibles los recursos en que se le pedía pronunciarse sobre la legitimidad constitucional de diversas normas tributarias en cuanto no contemplan la objeción fiscal a la cuota de gasto público destinada a la defensa armada (sentencia nº 389 de 31 de julio de 1990, sentencia nº 447 de 9 de diciembre de 1990). Sin embargo, ante la publicación de documentos en los que se invitaba a los ciudadanos a practicar la objeción fiscal a gastos militares la jurisprudencia no ha exigido responsabilidad penal por causa de instigación a la desobediencia a las leyes de orden público prevista en el artículo 415 del Código penal italiano (sentencia del Tribunal de Sondrio de 11 de febrero de 1983, confirmada por el Tribunal de apelación de Milán en sentencia de 8 de noviembre de 1983).

Tampoco los casos de objeción fiscal a gastos militares que han conocido los órganos supranacionales han sido reconocidos. En 1991, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, ante la pretensión de una ciudadana canadiense miembro de la Sociedad de Amigos (cuáquero) de obtener declaración de violación de su derecho a la libertad de conciencia por el hecho de que la legislación fiscal de su país establece que un porcentaje de impuestos se dedique a los gastos de defensa, -pues sus convicciones religiosas no le permite participar en modo alguno en el sistema de defensa de un país-, determinó que el rechazo a pagar impuestos por objeción de conciencia a gastos militares no es un derecho comprendido en el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión) (Caso J.P.v. Canadá, 7-11-1991).

En el marco de las decisiones de la Comisión Europea de Derechos Humanos también se ha negado la objeción fiscal a gastos militares, argumentándose la finalidad neutral de la norma tributaria e ignorando el conflicto real que su aplicación produce en algunas personal, al considerar que no existe interferencia alguna en el ejercicio de la libertad religiosa o de conciencia cuando la legislación no persigue directamente un fin restrictivo o discriminatorio de ciertas convicciones religiosas o éticas. En 1983 juzgó el caso de un cuáquero que motivaba en razones de conciencia su negativa al pago del 40% del IRPF, al ser el porcentaje que estimaba que el gobierno británico destinaba a gastos de defensa, manifestando que estaba dispuesto a entregar dicha cantidad si se le aseguraba que sería invertida en fines pacifistas. La Comisión falló en contra del demandante sentando como doctrina que la obligación de pagar impuestos es una obligación de orden general estrictamente neutral que no tiene incidencia alguna en el plano de la conciencia, puesto que el contribuyente no puede influir o determinar el destino de su aportación una vez que ésta ha sido realizada (Decisión sobre admisibilidad de recurso 10358/1983, de 15 de diciembre).

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GASTO MILITAR EN ESPAÑA [FUENTE]

El presupuesto de defensa del Reino de España en 2010 supone una reducción del 6,8% respecto al año 2009. La reducción acumulada desde 2008 es del 9,4%. Sin embargo, el MINISDEF dispone del margen de maniobra que le ha proporcionado el incremento sostenido del presupuesto de defensa en los 4 años anteriores.

La principal reducción presupuestaria afecta a los principales programas de modernización en curso, aunque tal reducción obedece a una reprogramación de pagos y no a una paralización o cancelación de los programas.

No se prevé la puesta en marcha de ningún nuevo programa de I+D+i ni de adquisiciones durante el año 2010. El presupuesto destinado a I+D+i (Investigación, desarrollo e innovación) se reduce en un 19%, mientras que la inversión en material cae un 30%. Sin embargo, crecen las partidas destinadas a sufragar los programas de mantenimiento y el apoyo logístico.

GASTO MILITAR EN EL MUNDO [FUENTE]

Mientras todas las grandes potencias mundiales han aumentado a un ritmo vertiginoso sus gastos (¿inversiones?) militares en la última década, Europa gasta hoy lo mismo que hace 10 años.

Los datos son contundentes. China aumentó su gasto militar en un 194% entre 1999 y 2008. Rusia lo hizo un 173%, EEUU un 66%, India un 44%. Y frente a estas cifras y en el mismo periodo, Francia lo incrementó en tan solo un 3%, Italia un 0,4% y Alemania retrocedió en un 11%. La única excepción fue Inglaterra que avanzó en un 20% debido a su alta implicación en las guerras de Irak y Afganistán. El continente europeo en su conjunto registró un avance de un 5%.

El gasto militar de un país esta condicionado a tres factores clave:

• Encontrarse involucrado en un conflicto armado como EEUU o Inglaterra.
• Poseer ambiciones de potencia militar global como China o Rusia.
• Gozar de un crecimiento económico elevado que facilite el aumento del gasto militar.

Y Europa no se ha visto condicionado por ninguno de los tres, dando prioridad a otros proyectos en los que no es necesario desarrollar su poder militar y mucho menos aun en una situación de crisis mundial. Esta situación de estancamiento, puede ser un problema a largo plazo cuando en unos pocos años las nuevas economías emergentes como China o India alcancen un desarrollo económico y militar superior a los países europeos. A día de hoy, en términos absolutos todavía quedan lejos de Europa como bloque pero está situación cambiará en breve.

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Acerca de ingenierosocial

“El planeador parece ser muy sabio en su propia arrogancia; a menudo está tan enamorado con la supuesta belleza de su propio plan ideal de gobierno, que no puede soportar la más mínima desviación en ninguno de sus detalles. El lo diseña completamente en todos sus detalles, sin ninguna consideración hacia los intereses o prejuicios que puedan estar en contra del mismo. Parece imaginar que puede manejar a los miembros de la sociedad con la misma facilidad con que uno coloca las diferentes piezas en un tablero de ajedrez.” Carlos es un librepensador de 24 años que no practica la soberbia.
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