15-M, el documental

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Perroflautas

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El éxito no es sexy

Traducción del New York Times: “Keeping Romance Alive in the Age of Female Empowerment

En un capítulo de Sexo en Nueva York, Miranda acude a una ronda de citas rápidas y malgasta sus ocho minutos de conversación tres veces al revelar que es abogada especializada en empresas. A la cuarta dice que es azafata y un médico le pide una cita. Lo conmovedor del capítulo no es solo que Miranda mienta sobre su éxito, sino que su cita lo hace también: al final resulta que trabaja en una zapatería.

Miranda y Steve, de Sexo en Nueva York

 

¿Estará el éxito femenino acabando con el romanticismo? Parece que en el siglo XXI la atracción sexual sigue alimentándose de estereotipos del siglo XX. Ahora que las mujeres están equiparándose o incluso superando a los hombres en lo que respecta a formación y también en el mercado laboral, están transformando mentalmente los papeles típicos de su sexo, lo que conlleva profundas consecuencias para las relaciones. Hay un ejército cada vez mayor de mujeres con éxito y que ya han cumplido los treinta a las que les cuesta encontrar pareja.

Hay mujeres alfa que terminan con hombres alfa, pero que luego deciden dejar a un lado su trayectoria profesional cuando tienen niños. Pero también hay un tercer grupo: un pequeño pero cada vez más elevado número de mujeres que ganan más que su pareja, lo que da lugar a toda una serie de cambios en el comportamiento cuyo objetivo es intentar que la apariencia de los papeles asignados  a cada sexo permanezcan intactos.

Anne-Laure Kiechel trabaja en un banco de inversión en París y gana cinco veces más que su novio, que es asesor de comunicación. Ella es la que controla las finanzas de la pareja y la que paga todos los gastos elevados que no se ven, como las vacaciones. Pero en público es él quien insiste en sacar la tarjeta de crédito para evitar, según él, parecer un gigolo. “Me hace gracia”, comenta Kiechel. “Pero si le hace feliz, no me importa”.

Timothy Eustis, antes profesor en Nueva York, es amo de casa y, en ocasiones, consultor de vinos. Se mudó a Francia con su mujer, Sarah, cuando a ella le ofrecieron un puesto en la dirección de la marca de lencería francesa Etam. Ninguno de los dos tiene ningún problema con el hecho de que ella sea la que más gane y que su sueldo alimente la cuenta conjunta.Pero ambos valoran lo que él denomina “las pequeñas tradiciones” que mantienen viva la llama del amor. “Siempre intento sujetarle la puerta, casi siempre conduzco yo y cuando hay que pagar la cuenta, soy yo el que la paga”, explica.

Algunos hombres tienen problemas más graves. Una directiva italiana de 38 años se queja de que su novio le insinuó que se cambiara de trabajo porque se sentía incapaz de “seducirla” cuando ella empezó a ganar más que él. Una asesora de empresas francesa afirma que su marido, que es profesor, dejó de ir a fiestas con ella porque se sentía incómodo cada vez que alguien le preguntaba en qué trabajaba. Una banquera alemana señala que una de las razones por las que su ex marido la dejó por una fisioterapeuta era “que ella tendría más tiempo para él”.“Es curioso que hasta los hombres de mentalidad liberal acaben teniendo dificultades sexuales y emocionales cuando están con mujeres que claramente tienen más éxito que ellos”, afirma Sasha Havlicek, consejera delegada de 35 años de un grupo de investigación londinense. Una amiga suya fingía que era una inútil para fomentar el sentido de la masculinidad de su pareja.

“El ego masculino puede ser más frágil que el femenino, que está acostumbrado a recibir palizas y, por tanto, ha desarrollado el sentido del humor”. Anke Domscheit-Berg, de Microsoft Alemania, que tiene varias historias de aspirantes a novios que huyeron al ver la palabra “directora” (de comunicaciones) en su tarjeta de visita, lo expresa de este modo: “El éxito no es sexy”. Bernard Prieur, psicoanalista y autor de Money in couples [El dinero en las parejas], señala que los hombres que ganan menos que su pareja sufren dos tipos de inseguridad: “Se sienten social y personalmente vulnerables. Socialmente se enfrentan a milenios de creencias y estereotipos que consideran que es él quien tiene que mantener a la familia.Y ante el éxito de su pareja suelen tener la sensación de haber fracasado a nivel personal”, explica Prieur en la edición de noviembre de la revista francesa MarieClaire. Pero ¿están cambiando las cosas a medida que aumenta el número de mujeres que llegan a puestos importantes?

Kiechel, de París, afirma que su novio le anima a que siga adelante en su carrera y alardea delante de sus amigos de lo inteligente y lo trabajadora que es. Tanto Haag como Domscheit Berg ganan más que sus maridos y señalan que ellos disfrutan al ver la reacción del camarero cuando dicen que su mujer es la que paga la cuenta.

Domscheit-Berg, que es también miembro activo de la Red Internacional de Desarrollo de las Mujeres en Puestos de Dirección, da los siguientes consejos a mujeres con sueldos elevados: dejad el coche de la empresa aparcado en casa la primera vez que salís y encontrad a vuestro hombre antes de cumplir los 30, es decir, antes de que tengáis demasiado éxito. E id a por hombres cuya fuente de confianza no sea el dinero, como los académicos o los artistas: “Cuanto más distinta sea su actividad de la vuestra, mejor” .

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Hijos contra padres

Así lo veís. Estudiantes cargando contra la policía para reivindicar tasas de universidad más justas. Yo solo veo caos social: policías que tienen un sueldo medio cargando contra sus hijos a los que no van a poder llevar a la universidad; padres que les da igual que el gobierno pueda subir sus tasas, que elimine derechos, porque ellos ya han difrutado de las ventajas del Estado del Bienestar. Que cada palo aguante con su vela, pensarán. A mí me ha tocado sufrir, yo tengo mi pensión y que ellos luchen igual que yo .

Esto solo responde a la mayor conflictividad a causa de la escasez de recursos, a causa de una clase media cada vez más empobrecida. Ellos reivindican tener las mismas condiciones que sus padres, que sus hermanos mayores, y no lo van a conseguir. “Quien le echa un pulso al Estado, pierde”, ha dicho Rubalcaba. El aforismo perfecto.

La educación ha dejado de convertirse en un derecho para pasar a ser un privilegio, algo que se puede mercantilizar. Ellos lo único que quieren es convertirles en masa para ser explotada, no una masa culta, dañina para sus intereses.

“Es el mercado, es la deuda que tenemos”, ellos alegan. Como las razones que esgrime un Estado para entrar en una guerra son absurdas, siempre dañan a la población. Igual esto, es la guerra de los muy ricos contra los que menos tienen.  En realidad todo se ciñe a la productividad: Quiero más productividad para competir con mis socios comerciales, si todos somos iguales, si todos tenemos los mismos títulos, se destruye la cadena de incentivos.

Es la dura realidad, a la que me ha tocado enfrentarme.

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Ordeno y Mando. Sobre la declaración del Estado de Alarma

Un Gobierno ha decretado, por primera vez en la historia de la democracia, el Estado de Alarma. Lo que antes  se estudiaba en clínica jurídica ahora es práctico y observable para los ciudadanos. Conviene aclarar, con mayor profusión que los medios de comunicación, qué es el estado de alarma.

http://www.rtve.es/contenidos/documentos/decretoestadodealarma.pdf

En primer lugar, se declara en todo o en parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad que se recogen en el artículo 4 LOEAES:

- Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud.

- Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves.

- Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 28.2 y 37.2 de la Constitución y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo.

- Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.

Como puede apreciarse, en principio la LO desprovee al estado de alarma de connotaciones políticas, por lo que no puede considerársele como una fase previa al de excepción, en cuanto sus supuestos de hecho son de naturaleza diferente, pues se trata, como dice FERNÁNDEZ SEGADO, de proteger a la sociedad frente a un conjunto de riesgos procedentes de hechos naturales o de circunstancias sociales, pero sin intencionalidad política. No obstante, esta última apreciación no puede tener un valor absoluto, como reconoce este mismo autor. El problema se plantea especialmente en el supuesto de paralización de servicios públicos esenciales pues su mantenimiento podría prevalecer sobre derechos fundamentales como el derecho a la huelga y el derecho a la adopción de medidas de conflicto colectivo. Sin embargo, como hace notar ALVAREZ CONDE, de la regulación legal se desprende que cualquier paralización de los servicios públicos esenciales para la comunidad no puede dar lugar a la declaración del estado de alarma, pues se exige asimismo la no garantía de lo dispuesto en los artículos 28.2 y 37.2, y que además concurra alguna de las otras circunstancias o situaciones establecidas en el artículo 4 LOEAES.

Competencia

La competencia para declarar el estado de alarma corresponde al Gobierno, mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto. La prórroga del estado de alarma requiere la autorización del Congreso de los Diputados que, además, podrá en tal caso establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga, sin que esté prevista ninguna limitación temporal. En todo caso, el Decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración, la duración y los efectos del estado de alarma (arts. 116.2 CE y 6 a 8 LOEAES).

Disuelto el Congreso o expirado su mandato, sus competencias serán asumidas por su Diputación Permanente (arts. 78.2 y 116.5 CE).

Efectos

Estrictamente, no es posible la suspensión de derechos constitucionales durante el estado de alarma, según el artículo 55.1 CE . Sin embargo, no está claro que las limitaciones y deberes que comporta la declaración del estado de alarma no afecten, de algún modo, al ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas. En cualquier caso, los efectos del estado de alarma son:

1) Modificación de algunas competencias (arts. 7 y 9 LOEAES)

Por la declaración del estado de alarma todas las autoridades civiles de la Administración Pública del territorio afectado por la declaración, los integrantes de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales y los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedarán bajo las órdenes directas de la autoridad competente, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o naturaleza.

A los efectos del estado de alarma, la autoridad competente es el Gobierno o, por delegación de éste, el Presidente de la Comunidad Autónoma cuando la declaración afecte exclusivamente a todo o parte del territorio de una Comunidad. Cuando la autoridad competente sea el Presidente de la Comunidad Autónoma podrá requerir la colaboración de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que actuarán bajo la dirección de sus mandos naturales.

2) Limitación de determinados derechos (arts. 11 y 12.2 LOEAES)

De acuerdo con la LOEAES (art. 11) el estado de alarma puede comprender las siguientes medidas:

- La limitación de la circulación o permanencia de personas y vehículos en horas y lugares determinados o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos.

- Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias.

- Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de los domicilios privados.

- Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad.

- Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los centros de producción afectados por situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.

Además de estas medidas el artículo 12.2 LOEAES permite adoptar otras adicionales en los supuestos de paralización de los servicios públicos esenciales y en las situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad, como la intervención de empresas o servicios y la movilización de su personal con el fin de asegurar su funcionamiento, medida esta última que la mayoría de la doctrina considera inconstitucional.

¿Está justificado el Estado de Alarma en una paralización de los aeropuertos?

A mi juicio, según la doctrina, está parcialmente justificado. Este caso llegará, sin lugar a dudas al Tribunal Constitucional, que aprovechará para fijar los límites de un Estado de Alarma, según lo que dispone la Constitución y la LOEAES. Como hemos visto, al Gobierno se le faculta “adoptar otras adicionales en los supuestos de paralización de los servicios públicos esenciales”, como la intervención de empresas o servicios y la movilización de su personal con el fin de asegurar su funcionamiento. Habrá que ver si existe una colisión entre la libertad individual. según el art- 17.1

17.1 Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley.

Y también con el artículo 28.2

Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

Aunque si bien, para el ejercicio del derecho de huelga el artículo 3 del Real Decreto-Ley 17/1977 exige la concurrencia de varios requisitos: acuerdo expreso de declarar la huelga adoptado por quien tiene facultad para ello (trabajadores a través de sus representantes o directamente por los trabajadores) preaviso al empresario y a la autoridad laboral, comunicando las reivindicaciones de la huelga, y formación de un comité de huelga. A este corresponderá garantizar los servicios necesarios para la seguridad de personas y cosas y el mantenimiento de las instalaciones y materias primas para la posterior reanudación de la actividad (artículo 6.7).  Cosa que no ha ocurrido en este caso.

Dice el Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, por el que se declara el estado de alarma para la normalización del servicio público esencial del transporte aéreo, que se les considera personal militar a los efectos de lo previsto en el artículo 10, y en consecuencia,”quedan sometidos a las órdenes directas de lasautoridades designadas en el presente real decreto, y a las leyes penales y disciplinarias militares, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.5 de la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre”.

No queda claro aquí que un funcionario público pueda estar sometido a la disciplina castrense, con lo que comporta esto de minusvalía de Derechos, puesto que ya de por sí el Código Penal agrava las penas a todos aquellos sometidos a su régimen. Incluso, se preven juicios con jueces togados militares, tal y como dice el citado cuerpo penal.

 

Así que, a mi juicio, puede estar justificado la declaración del estado de Alarma pero no lo está poner a unos funcionarios bajo el régimen estricto del Código Penal Militar.


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Vuelta de tuerca para criminalizar aún más al varón

Por una vez, comparto lo que dice El Mundo

Editorial en EL MUNDO, edición impresa. Pagina 3.

LA MODIFICACIÓN del Código Civil que pretende impulsar el Gobierno para retirar automáticamente la custodia de los hijos a los hombres que resulten imputados en cualquier delito de violencia de género es un grave error, que insiste en la línea ideológica de criminalizar al varón por el simple hecho de serlo. La propia presentación de la iniciativa causó ayer confusión por las versiones distintas que ofreció la ministra de Sanidad e Igualdad y por los términos jurídicos imprecisos que utilizó.
Leire Pajín informó en un primer momento de que la pérdida de la custodia estaba pensada para «los maltratadores con una sentencia firme». Sin embargo, horas después matizaba que sería de aplicación a todos los hombres «incursos en un proceso por violencia de género», sin necesidad por tanto de que exista sentencia y -habrá que colegir también de sus palabras- sin necesidad siquiera de que éstos hayan sido procesados. A última hora de la tarde el Ministerio se vio en la obligación de publicar una «nota aclaratoria» en la que aseguraba que la propuesta no significa que los acusados por violencia de género vayan a perder la guarda y custodia de sus hijos «sólo por el hecho de ser denunciados».

El anuncio de la ministra fue realizado durante el acto de homenaje a las víctimas mortales de la violencia de género y todo indica que, más que ante una iniciativa meditada, estamos ante un guiño al colectivo feminista para aparentar que van a darse más garantías a las víctimas. Sin embargo, la retirada cautelar de la custodia de los hijos a presuntos maltratadores ya está prevista en el Código Penal y viene aplicándose con normalidad: en cinco años ha sido dictada a más de 11.000 hombres.

Las asociaciones judiciales reaccionaron ayer de forma unánime contra la medida anunciada por Pajín, que calificaron de «innecesaria», «propagandística» y «peligrosa». En esas críticas coincidieron -circunstancia poco común- tanto las asociaciones progresistas como las conservadoras. Los jueces están en contra de que la retirada de la custodia se aplique de forma automática, independientemente de las circunstancias de cada caso.

Hay incluso serias dudas de que el cambio normativo sea constitucional, puesto que equivale a despreciar la presunción de inocencia. Pero además, existe el convencimiento de que una legislación así tendría efectos perversos en los procesos de separación, pues dispararía las denuncias falsas por malos tratos.

Tratándose de una iniciativa de tanta repercusión, lo lógico sería que Pajín hubiera intentado pactarla con el principal partido de la oposición. Sin embargo, el PP reiteró ayer que está en contra de retirar la custodia sin que exista una sentencia judicial. Lo que a estas alturas parece empezar a quedar claro es que la ministra ha intentado dar otra vuelta de tuerca a ese planteamiento de política penal de género que castiga al varón, y que ya se ha consagrado con una legislación que prevé penas distintas para un mismo delito en función de si el condenado es hombre o mujer.

Los colectivos de homosexuales han vuelto a insistir esta semana en las contradicciones de la Ley de Violencia de Género con una campaña en la que exigen que no se les excluya. Dado que la norma no contempla las agresiones entre parejas del mismo sexo, rebaja estos episodios a la consideración de simple violencia doméstica. Ya hay sentencias en ese sentido, como la dictada por la Audiencia de Cantabria corrigiendo a un Juzgado que había condenado por «violencia de género» a una lesbiana que agredió a su esposa.

He aquí el disparate al que lleva esta política penal de género: el Gobierno que más se ha significado por la defensa de los derechos de los homosexuales acaba siendo acusado por negárselos en materia de violencia de género. En el fondo, lo que esto demuestra es que ante el Derecho no debería haber ni hombres, ni mujeres, ni gays, ni lesbianas, sino ciudadanos con iguales derechos y obligaciones.

 

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La sentencia del TJUE sobre el canon digital

Por Francisco José Navarro Sanchís, Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional

Este artículo está trancrito por mí, dado que no está ni lo vais a encontrar en ninguna otra edición digital y está publicado en El Derecho, de Quantor, que es el suplemento de El Economista edición papel, día de Lunes 25 de Octubre de 2010. Es la mejor aproximación jurídica que he encontrado a la reciente sentencia sobre el canon digital y contribuye a aportar luz sobre las consecuencias legales de una sentencia desfavorable al pago del canon de compensación por copia privada. Aquí va.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el denominado canon digital ha casuado notable impacto, a juzgar por la atareada actividad periodística de los tres ultimos días.

Se han vertido muchas opiniones sobre la sentencia y no todas son sensatas. En general, se pronuncian en clave exclusiva de Derecho nacional y muchas vienen lastradas por apriorismos o prejuicios idológicos que, por razones que no termino de comprender, suscitan en España, cuando se habla de propiedad intelectual, pasiones casi futbolísticas. Hay que precisar que en la Audiencia Provincial de Barcelona se sigue un recurso de apelación de Padawan, comercializadora de CD-R, CD-RW, y aparatos de MP3, a propósito del canon por copia privada.

El Juzgado de lo mercantil nº 4 de Barcelona falló a favor de la demandante SGAE, condenando a la empresa al pago del canon. La norma española aplicable es la Ley de Propiedad Intelectual, versión de la Ley 23/2006, que adapta nuestro Derecho interno a la Directiva 2001/29/CE.

Hay que recordar que la Sentencia del Tribunal de Luxemburgo está condicionada por ese debate procesal y se limita a responder a la cuestión prejudicial que la Audiencia de Barcelona le plantea. No es, pues, una un jucio universal  sobre el canon y su regulación integral en nuestro Derecho, sino en lo necesario para resolver el litigio del que proviene. Sin la comprensión de esto la lectura de la sentencia puede llevar al desenfoque o a la hipérbole.

El canon digital, por más que su conveniencia, su utilidad o su justicia se puedan discutir dogmáticamente, viene impuesto por la citada Directiva. Ésta no exige en rigor —es preciso aclarar— a los Estados miembros una regulación exhaustiva sobre la comprensación a los autores por la copia privada, pero sí define ese deber de resultado que dejando un amplio margen normativo, acota sensiblemente el caampo de acción de los países miembros.

Los puntos álgidos de la cuestión planteada versan sobre tres conceptos: el primero, la «compensación equitativa» (artículo 5.2 b) de la Directiva que el TJUE declara que debe interpretarse de manera uniforme en todos los estados miembros que hayan establecido una excepción de copia privada.

Así, la propia noción de compensación “es un concepto autónomo de Derecho de la Unión”, dice el primer punto de fallo, por lo que no puede ser soslayada en la regulación nacional de desarrollo cualquiera que sea su contenido y alcalce.

El segundo punto es el que mayor polémica ha levantado: El de «justo equilibrio» entre todos los intereses en liza: los titulares de derechos de la propiedad intelectual —en un contexto creciente de utilización de nuevas tecnologías, que facilitan la posibilidad de copias privadas—, los poderosos gestores de tales derechos, los comerciantes que distribuyen equipos, aparatos o prestan servicios y, last but no least, el consumidor o usuario final.

Este es el que terminará pagando esa compensación por vía de repercusión, es decir, como parte del precio que abona por los bienes o servicios que propicien esa copia privada, aun cuando sea potencial. La exacción del canon, cuya naturaleza jurídica es un enigma, se asemeja, de ese modo, a la técnica estructural del IVA, sólo que no parece que sea un tributo pues, si lo fuera, infringiría sus principios esenciales como los de legalidad o capacidad económica además de la anomalía de que sea gestionado por entidades privadas.

El fallo declara que es conforme a la Directiva y a su idea de «justo equilibrio» que las personas que tienen equipos, aparatos y soportes de reproducción digital y lo ponen a disposición de consumidores o o usuarios privados (los comerciantes) sean los deudores de la compensación equitativa, dada la posibilidad de repercutir la carga real de tal financiación sobre aquéllos.

No obstante, el tercer punto representa el factor de mayor trascendencia, al declarar que “la aplicación indiscrimanda del canon por copia privada, en particular en relación con equipos, aparatos, y soportes de reproducción digital que no se hayan puesto a disposición de usuarios privados y que estén manifiestamente reservados a usos distintos a la realización de copias privadas, no resulta conforme con la Directiva 2001/29”.

Con ello no sólo se restringe objetivamente la procedencia del canon en función del uso que se destinan los bienes o servicios, sino que se reduce subjetivamente, al exclurir a las empresas, Administraciones Públicas e instituciones, alzando además la sospecha de fraude general que acompaña a la regulación española, que presume sin posible prueba en ocntrario el uso a que se va a destinar el equipo o soporte de reproducción.

Será ahora la Audiencia de Barcelona la que habrá de pronunciarse, a la vista de los conceptos precisados en la sentencia del TJUE sobre la deuda reclamada por la SGAE, su cuantía y los conceptos que la integran, valorando qué parte de esa deuda procede de usos distintos a la obtención de copias privadas .

Tras ese proceso, pueden venir centeras de reclamaciones más para obtener la devolución del canon digital indebidamnete pagado amparadas en la infracción del Derecho comuntario de la ley española que lo regula.

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